 Se cumplen 31 años de la Dictadura Argentina de 76, que tantos hermanos desaparecidos se ha llevado, y tantas consecuencias sociales nos trae.Comunicado del PCT-RC: Con el golpe de Estado del 24 de Marzo de 1976 comienza la dictadura militar fascista que sustituye sin resistencia alguna al gobierno de Isabel Perón. El accionar de la “Triple A”, formada, armada y organizada desde el Estado por Perón, López Rega e Isabel había empezado el trabajo sucio que desembocaría en el golpe genocida, desatando el terror fascista contra los sectores clasistas y combativos del movimiento obrero. El llamado Operativo Independencia en Tucumán, había iniciado el genocidio contra los trabajadores y campesinos tucumanos. El gobierno “democrático” había puesto bajo control operacional del Ejército la represión contra la militancia obrera y estudiantil, incluyendo el juzgamiento por tribunales militares, y había decretado el “aniquilamiento de la subversión”. (Continua...)
Para imponer el plan económico del imperialismo y la gran burguesía, la dictadura militar profundiza la represión contra la militancia popular y los sectores de vanguardia de la clase obrera. Miles de detenidos, cesanteados, torturados y perseguidos, los vuelos de la muerte y los campos de exterminio muestran un perfecto acuerdo entre los militares, los grandes bancos, las corporaciones transnacionales, la gran burguesía argentina y la cúpula de la Iglesia en desatar un genocidio contra los sectores de vanguardia del movimiento obrero y popular. La mayoría de las víctimas de la represión fueron trabajadores conscientes, miembros de comisiones internas, cuerpos de delegados y organizaciones políticas del campo popular, muchos de ellos entregados por las patronales (Mercedes Benz, Ford y otras), con la complicidad abierta de sectores de la burocracia sindical, que pasaron a integrar “comisiones asesoras” de los interventores militares designados para controlar y saquear las arcas de los sindicatos.
La dictadura deroga 25 artículos y reforma otros 97 (sobre un total de 301) de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada durante el gobierno peronista, con el objetivo declarado de fortalecer la autoridad de los empleadores, eliminar el aumento automático y proporcional de salarios de convenio y las normas que garantizaban el pago de los días de huelga. Estas modificaciones en perjuicio de los derechos individuales de los trabajadores nunca fueron anuladas por los sucesivos gobiernos “constitucionales”. Ya en Febrero de 1974, el gobierno de Perón, con la ley 20.642 introduce las reformas del Código Penal que reprimen con graves penas de prisión las “agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren como objeto principal o accesorio imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación” (art. 213 bis) y que consideran una característica fundamental de las asociaciones ilícitas el hecho de tener “estructura celular”. Estas normas propias de los regímenes fascistas permanecen en el Código Penal; y se incorporan otras tendientes a reprimir las acciones de lucha de los trabajadores. A partir de abril de 2002, el inc. 6º del art. 174 del Código Penal reprime a quien afecte “el normal desenvolvimiento de un establecimiento o explotación comercial”, con el fin de penalizar tanto las ocupaciones y puesta en funcionamiento de empresas por parte de los trabajadores como el ejercicio de derecho de huelga con ocupación de los lugares de trabajo.
Se ve confirmado en estos aspectos –como en otros- la continuidad entre la dictadura y los gobiernos de Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde y Kirchner. El Estado capitalista, que expresa los intereses generales de la clase dominante, asume –al decir de Engels- la forma de una organización “para defender las condiciones generales del modo de producción capitalista contra los atentados tanto de los obreros como de los capitalistas individuales” .
La rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001 produjo una ruptura fundamental en nuestra historia reciente. Las movilizaciones de miles de argentinos en las principales ciudades del país provocaron la huída de Cavallo y De la Rua y expresaron el rechazo a la política de la banca y los grupos económicos impuesta a partir del menemismo. La consigna “que se vayan todos” fue la expresión del repudio del pueblo a los responsables de una política de hambre, miseria y desocupación para millones de argentinos; a la vez que a través del desarrollo de las asambleas populares se reflejaba la voluntad de construír nuevas formas de democracia directa.
Pero no obstante la profundidad del levantamiento, no fue posible echar a los dirigentes políticos de la burguesía, por lo que podemos decir que “se quedaron todos”. Aún con los cambios formales que la clase dominante se ve obligada a realizar, porque ya no es posible gobernar como antes, y que el gobierno de Kirchner está concretando; el dominio de los grupos económicos nacionales y transnacionales permanece intacto. Nuestro país, quebrado y hundido por el imperialismo, el capital financiero internacional y las corporaciones locales, luego de la andanada de privatizaciones, desregulación, libre mercado y flexibilización laboral, muestra aún las huellas del despojo y el empobrecimiento de los sectores populares. Casi un tercio de quienes se ven obligados a vender su fuerza de trabajo viven en la indigencia y el 60 % de la población es pobre. La mayoría de los empleados estatales y los jubilados están por debajo de la línea de la pobreza. Los planes sociales se mantienen en $ 150 como en el 2001 y los organismos oficiales consideran a los beneficiarios de este subsidio estatal como 'ocupados'.
Lejos de haber revertido esta situación, el gobierno de Kirchner ha “respetado” las privatizaciones; mantiene y alienta la continuidad y la expansión del dominio de las corporaciones transnacionales sobre nuestros recursos naturales (petróleo, gas, minerales, y aún la propia tierra); y ha preferido adelantar el pago de diez mil millones de la fraudulenta deuda externa al FMI, antes que comenzar a pagar la inmensa deuda interna con los trabajadores y el pueblo argentino.
El correlato de esta política económica es la represión, la intimidación, la persecución y el procesamiento de trabajadores ocupados y desocupados, campesinos, pueblos originarios y otros sectores populares en lucha, como en Las Heras, Haedo, Neuquén; la desaparición de Jorge Julio López, la falta de esclarecimiento del secuestro de Gerez, el secuestro y torturas de Bustos en Venado Tuerto, junto a la permanencia de miles de esbirros de la dictadura en las fuerzas de seguridad. Ello muestra –más allá de los cambios de forma- la continuidad esencial de la dictadura de la burguesía y el perfeccionamiento del aparato del Estado, para mantener con más eficacia el dominio sobre los explotados.
En esta etapa, signada por movilizaciones y luchas aisladas, se impone la necesidad de construír y perfeccionar las herramientas políticas de la clase obrera y el pueblo para la confrontación contra el enemigo de clase, encarnado tanto en los gobiernos nacional y provinciales, en la politiquería venal de los partidos burgueses, como en las oficinas de las grandes empresas del capital nacional y transnacional.
Pero la herramienta fundamental para la lucha frontal contra el imperialismo y el capitalismo es el partido revolucionario, y estamos dispuestos a construirlo. La fusión de nuestras organizaciones constituye un paso importante en tal dirección. El horizonte que nos mueve a la lucha es el mismo que el de aquellos que enfrentaron a la dictadura: la conquista del poder para los trabajadores y el pueblo, la eliminación de toda explotación y opresión, la construcción del socialismo y el comunismo.
REFUNDACIÓN COMUNISTA ARGENTINA- PARTIDO COMUNISTA DE LOS TRABAJADORES |
miércoles
